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¿La suma de todos?
Índice
I.El nuevo Madrid: la ciudad global
-Las «nueva centralidad» de Madrid
-Un paisaje social cada vez más polarizado
-La financiarización y la segregación urbana
II.La intelligentsia: Madrid como laboratorio de la gobernanza metropolitana
-La renovación ideológica y la construcción de una política mediática agresiva
-La promoción movimientos sociales agresivamente conservadores
-Hacia la creación de una sociedad civil desde arriba
III. Servicios ¿públicos?
-El negocio de la salud
-La educación como crisis
-La «gestión» del extranjero
IV. El territorio metropolitano: auge y caída del ciclo inmobiliario madrileño
-Diez años de bussiness inmobiliario
-La crisis del urbanismo metropolitano
-La ciudad sostenible
I.El nuevo Madrid: la ciudad global
Anuncios y neones nos hablan de Madrid como «un buen lugar para vivir», «los mejores servicios públicos», «el mejor metro del mundo»; nos engatusan con grandes promesas: «capital olímpica 2012», luego «sede 2016»; nos devuelven una imagen de orgullo cívico ciudadano en una ciudad que siempre ha sido más bien anónima y «cutre», residiendo allí precisamente algo de su encanto.
Esta propaganda, no obstante, deja entrever deslizar algo de verdad sobre la evolución reciente de la ciudad. En sólo una década Madrid ha crecido en más de un millón de habitantes, un poderoso dinamo económico ha permitido generar cerca de otro millón largo de empleos y sus límites geográficos se han extendido más allá de los márgenes de la comunidad autónoma «invadiendo» las zonas limítrofes de las provincias fronterizas. A escala europea nivel europeo, por otra otro lado, Madrid es ya la tercera metrópolis de esta región planetaria. La escalada de posiciones en el ranking de las regiones europeas ha sido impresionante, estando ya de hecho entre las 20 primeras (de un total 240) de acuerdo con su renta per cápita, siendo además la sede de la cuarto mercado bursátil de la Unión, el cuarto aeropuerto por volumen de pasajeros y el segundo centro ferial (en este caso del mundo) sólo detrás de Londres. A nivel «provincial», Madrid ha dejado completamente atrás a todos sus posibles competidores, con un crecimiento casi siempre superior al de Cataluña, País Vasco, Valencia o Andalucía. En pocas palabras: los grandes hits macroeconómicos, el desarrollo de sectores estratégicos y la concentración de grandes empresas parecen ser siempre prerrogativas del viejo «poblachón manchego». En el juego de las gigantomaquias macroeconómicas, Madrid mueve sus piezas a una escala diferente a de la de sus hermanas autonómicas.
El corazón de todo este asunto consiste sencillamente en preguntarnos a qué debemos este éxito, blablabla la considerable creación de empleo... real; la nueva proyección global de la ciudad... real; son a los ojos de nuestros queridísima clase política la expresión viva del éxito de un modelo social abierto, que genera riqueza, crea empleo y se desperdiga en un potlacht potlatch de oportunidades sociales, incluso para una población extranjera que en 2009 se acercará al millón, y que por mor de esta bonanza económica, radicalmente democrática, se vuelven «nuevos madrileños». Las recetas de este éxito (reza la cantinela política) han sido una economía abierta a las ventajas de un mundo global y una «impecable» gestión económica, en. En definitiva, un liberalismo responsable que hace efectivamente de Madrid efectivamente la «nueva frontera», donde cada cual conseguiría medrar y mejorar sus condiciones de vida.
Más allá de que la evolución reciente de la ciudad se explique, tal y como luego se verá, por factores mucho más complejos que los que se pueda atribuir la clase política madrileña; la pregunta y la sospecha es si este modelo de «éxito» no se ha haya producido (o no se esté produciendo) seguramente a costa del expolio, tanto de «dentro» como de «fuera». El expolio de aquello que todavía podríamos llamar, con una vieja palabra, «lo común»: los bienes sociales elementales, que podrían haber sido la base de una sociedad más valiente y, dispuesta a asumir los retos de una mayor libertad y una mayor igualdad. Bienes como la capacidad de decidir colectivamente sobre el futuro y el modelo social y económico; bienes comunes como el de un mínimo de renta para todos a partir de un reparto equitativo de los recursos (especialmente frente a una situación de concentración abusiva de la riqueza en un sector social minoritario); bienes comunes como el de un patrimonio colectivo y el de unos servicios públicos que si bien pueden ser mejorables (a partir sobre todo de su democratización) son ahora pasto de la privatización, transformados y de su transformación en nichos de negocio subvencionado; bienes como la posibilidad de disponer de un medio ambiente sano, o cuando menos no venenoso; bienes como la vivienda, la salud, y la educación, cada vez más inaccesibles imposibles, en términos de calidad, para una ¿creciente? parte mayor de la población... Hablar así de la crisis en Madrid, una crisis que seguramente amenazará su fulgurante trayectoria, es hablar de una crisis que se gesta dentro de un modelo, es hablar así de crisis ex ante la crisis. Bajo este prisma, parece que la La crisis, declarada ya como tal por la depresión de las variables económicas, parece, bajo este prisma, que sólo tenderá a agudizar los rasgos más agresivos del modelo, acelerando las máquinas de desigualdad, liquidando los pocos bienes colectivos que aún resten a costa de pasar por la trituradora, literalmente, a los de los sectores más desfavorecidos. Pero vayamos Vayamos por partes.
La «nueva centralidad» de Madrid
Ciertamente Madrid no tiene un diseño. No tiene un diseño porque su pauta de desarrollo no obedece a un plan confeccionado por astutos e inteligentes políticos. Y no tiene un diseño porque no puede ser imitada nada más que por un puñado de ciudades con unas características y coyunturas similares, ninguna de ellas por cierto en España. Madrid, sin embargo, tiene un patrón que le asemeja a otras grandes ciudades del mundo,: es lo que se llama una ciudad global.
Las ciudades globales, las grandes beneficiadas de la globalización, son aquellas que han construido su fortuna sobre la base de la una concentración de los sectores estratégicos en las complejas secuencias de la producción transnacional. Se trata principalmente de las sedes y los cuarteles centrales de las grandes empresas multinacionales que operan a escala multirregional y que a veces acumulan una riqueza mayor que la de un país mediando, y de los grandes mercados financieros en los que se negocia el dinero (¿podríamos decir de todos?) en forma de acciones, bonos y derivados financieros. También se trata de todas las infraestructuras que permiten y facilitan este movimiento global de información, ordenes, dinero y personas, tales como aeropuertos internacionales, complejos feriales, hoteles adaptados a las necesidades de «representación» de ejecutivos y hombres de negocios, plataformas logísticas, etc...
En todos estos sectores Madrid es una referencia. De hecho si hace tan sólo 20 años, hablar de multinacionales españolas podía parecer un chiste, en un país en el que con el ingreso en la Comunidad Europea se veía el rótulo «se vende» por todas partes», hoy se cuentan en cerca de 30 las empresas españolas incluidas en las 2.000 mayores del planeta, y algunas de ellas están ya entre las 10 primeras de su sector de referencia. La privatización de los grandes monopolios de la electricidad y las telecomunicaciones durante la década de 1990 nos ha permitido ser testigos del nacimiento de gigantes como Telefónica, Endesa, Repsol, Cepsa, Unión Fenosa que, por lo demás, nunca además perdieron su posición de privilegio sobre los mercados locales. La especialización española en el sector inmobiliario y la vocación «constructora» de España - que parece pretender pretende tener más kilómetros de autovías que cualquier otro Estado europeo - ha consagrado también el gigantismo un puñado de constructoras. La liberalización bancaria y el favoritismo público se ha traducido además en el nacimiento de dos grandes tiburones financieros: el Banco Santander y el BBVA.
Esta spanish legion como recientemente la bautizaba la principal revista de economía del planeta, The Economist, siempre apoyada en el paraguas del Estado y en la transferencia directa o indirecta de dinero público, ha adquirido sin embargo dimensión dimensiones planetarias con la compra de otras grandes empresas públicas privatizadas: primero en América Latina, reinventando así una relación neocolonial que se había perdido en el primer tercio del siglo XIX, y luego demostrando «madurez» y empuje en Europa, Estados Unidos e incluso en Asia Oriental.
Madrid ha sido, por supuesto, la gran beneficiada de esta globalización ventajosa. Convertida en sede de la mayoría de estos nuevos gigantes globales y en nuevo centro de operaciones de los flujos financieros y decisionales globales, brilla como una nueva estrella emergente en el firmamento global, al lado de otras grandes ciudades europeas como París, Londres o Milán. Baste señalar que 23 de las 30 primeras empresas españolas tienen su sede en la ciudad y que ésta es ya la octava ciudad del mundo por número de sedes centrales de grandes empresas.
Misterios, como quien dice, de la «libre competencia», se podría decir, que supuestamente acompaña a la globalización, han acabado por beneficiar más a los monopolios y oligopolios naturales sostenidos y alimentados por las transferencias de dinero público, que a aquellas pequeñas empresas eficientes y dinámicas que decidieron optimizar sus recursos sobre la base de la inversión productiva, la innovación tecnológica y una orientación exportadora. Sin ceder a las retóricas neoliberales, la suerte de Madrid ha corrido a cargo de la posición ventajosa del país, protegido de las fluctuaciones monetarias gracias al euro, y de una política de privatizaciones y de promoción pública de determinados sectores económicos como el de la construcción.
A un nivel puramente local o regional, el resultado ha sido el nacimiento de una nueva oligarquía urbana, no aquella compuesta por las «fuerzas vivas» de la provincia de antaño, sino por los gigantes globales, que tampoco renuncian a convertir su cuna de nacimiento en el palacio de exposiciones de un poder recién adquirido. Así lo manifiestan esos nuevos rascacielos y espacios representativos que en los últimos años han crecido en los grandes ejes simbólicos de la ciudad. Así como tampoco renuncian a convertir la ciudad (¿por qué no?) en un espacio de negocios en absoluto marginal en su cartera de «activos». Y aquí, de nuevo, el apoyo en los poderes públicos ha sido invaluable inestimable, especialmente el de una clase política halagada por esa imagen de «palurda» proyección global de la ciudad y siempre dispuesta a conciliar la «carreras política» con la «carrera profesional» en la gran empresa. ¿Cómo no apoyar, incentivar, a nuestros forzados campeones internacionales? ¿Cómo no convertir la ciudad en un gran monopoli plagado de ambiciosas obras públicas, aunque sean de dudosa utilidad socioeconómica (M-30, M-45, y radiales, todas ellas en beneficio de grandes constructoras y entidades financieras) y billonarias operaciones de recalificación de suelo en favor de un puñado de agentes corporativos (Torres del Real Madrid, Valdebebas, Operación Chanmartín)?. El «interés» corporativo por Madrid tiende así a transformar la ciudad en una máquina de crecimiento, perfecta y minuciosamente articulada, o en. En otras palabras, en un inmenso terreno abonado para el beneficio privado a costa del suelo, los recursos y lo servicios colectivos. Un caladero tan rico en especies y aprovechamientos que, tal y como luego se verá, el agotamiento relativo de las plusvalías inmobiliarias podrá ser compensado, gracias al inestimable apoyo de una administración «liberal», por una nueva ola de privatizaciones en sectores por los que no podremos dejar de pagar: servicios urbanos, servicios sociales y sanidad.
Un paisaje social cada vez más polarizado
¿Quién, en los años ochenta con los barrios devastados por la heroína y las fabricas vaciadas por la crisis, habría soñado que Madrid podría llegar a ser una capital mundial? ¡Qué incontables beneficios se podrían derivar para sus habitantes a partir de esta nueva centralidad transnacional!
Lejos, no obstante, de la imagen de la tierra de oportunidades y de la movilidad social a la que tópicamente se recurre cuando se habla de los modelos de éxito urbano inspirados en las políticas neoliberales, el espectro social de Madrid muestra una persistente tendencia tanto a producir nuevas desigualdades como a reducir a una parte considerable de la población a nichos de empleo deprimidos e infrapagados, de los que es suficiente con tener los oídos abiertos para saber lo difícil que es escapar de ellos.
Esta tendencia, por una parte, parece inscrita en la nueva estructura productiva madrileña. Nuevos empleos para ejecutivos y profesionales, encargados de organizar, chequear, adaptar y engrasar el aparato decisional de las grandes empresas. Una nueva nación de directores de empresas y profesionales de alta cualificación, una legión de ejecutivos, economistas, abogados, publicistas, comunicadores, etc... que cada día cabalga en coches de gran cilindrada desde sus apartamentos y chalets en los suburbios hacia los centros financieros y empresariales. Son los que en otra parte denominamos global class, un estrato social que vive precisamente en ese territorio, a un tiempo tan abstracto y tan concreto, que forma el planeta Tierra. Se trata de un segmento de superasalariados, cuyo límite inferior se encuentra quizás en los 60.000 o los 80.000 euros anuales, pero que en ocasiones apunta sobre cifras 20, incluso 100 veces mayores, y que en la estructura laboral de la ciudad no supone más del 15 % de su población activa. Su funciones más destacables son que se trata de un cuerpo de gestores de los flujos de capital y de poder. Su remuneración y su importancia viene dada por la importancia estratégica de su posición laboral, o más bien por la su cercanía a los «círculos de decisión», lo que implica que, evidentemente, hablemos evidentemente de ejecutivos, consejeros y directivos de las grandes empresas, pero no sólo. En ocasiones se trata de los técnicos y especialistas a los que las empresas recurren para que los asesoren en torno a asuntos que requieren conocimientos muy especializados, como las consultorías financieras, legales, técnicas o sociales, o para la realización de actividades tan centrales para las corporaciones como la publicidad o los desarrollos informáticos. Es lo que en la jerga especializada se llaman «servicios avanzados a la producción», y que a día de hoy compone el principal nicho de empleo cualificado de la región madrileña.
La llamada globalización no ha producido, sin embargo, un sólo resultado, y en principio de carácter tan marcadamente positivo, como el de este segmento de superasalariados. ¿? Antes al contrario, sus efectos en el empleo se han producido hecho notar, sobre todo, mucho más abajo. Del millón largo de empleos que se han creado creados en la última década, cerca de 800.000 se han producido en sectores caracterizados no precisamente por sus altos salarios y las buenas condiciones laborales. Se trata de actividades como la construcción (debido al boom inmobiliario español), la logística (que inevitablemente acompaña la confirmación de Madrid como uno de los grandes centros de consumo planetario) y especialmente en un el conjunto de sectores subsidiario de la expansión de estas nuevas corporations globales y de sus fieles servidores. Un ejército, esta vez sí, de limpiadoras, guardias de seguridad, recepcionistas, empleados de hoteles, camareros, cocineras, azafatas de congresos, guías turísticos, sirvientas e internas y un larguísimo etcétera de profesiones de «futuro», que a diario mantienen perfectamente engrasada la maquinaria del Madrid global. Un nuevo proletariado de servicios que parece reproducir a escala mastodóntica la estructura de las economías domésticas de las ciudades aristocráticas de otros siglos: una clase encargada fundamentalmente de «servir» a los nuevos patricios.
El resultado ha sido una estructura de trabajo estrictamente dualizada entre aquellos que trabajan en el sector central de las corporations globales y aquellos que dependen del mantenimiento de las mismas y de los servicios de reproducción de los verdaderamente beneficiados por la globalización. Las diferencias de renta y poder adquisitivo no pueden ser más evidentes, hasta el punto de que Madrid es de hecho la comunidad autónoma que presenta una mayor distancia diferencia entre aquellos que obtienen los salarios más altos y los que se tienen que conformar con los más bajos: si la nueva clase global puede medir sus ingresos en ocasiones en centenares de miles de euros anuales, más de un millón de trabajadores no alcanza los 15.000 euros al año. Más de un millón de personas que están ocupadas en empleos precarios, especialmente en la hostelería, los servicios personales, la limpieza, el empleo doméstico, o como peones en la construcción y la industria. Más de un millón de personas que se las verán mal para pagar servicios elementales como la vivienda en una ciudad en la que la hipoteca media cuesta anualmente exactamente la mitad de esta cantidad (7.100 euros), y que se verán progresivamente marginadas de los servicios sociales privatizados y degradados.
Pero y Y entre medias ¿qué queda? ¿Qué ha sido de la célebre clase media que supuestamente sería la gran beneficiada de la nueva riqueza madrileña y que repetidamente se nos dice es el objeto del mimo público y político? Sin duda, en ésta deberíamos incluir un importante contingente de cuadros medios (vendedores, profesionales de carrera, mandos intermedios) que si bien por un lado, y siempre entre sueños truncados, se imponen impone como modelo de ascenso social la pertenencia a esa nueva global class, en realidad no es en realidad más que carne de cañón del estrés laboral y de una carrera constantemente amenazada por la precariedad. También a esta clase media pertenece el viejo funcionariado, aquel que se suponía se alimentaba del gigantismo administrativo de Madrid (si bien hace ya mucho tiempo dejar de ser tal), y que parece conservar lo que ya nadie tiene en estos «tiempos que corren»: la seguridad de la renta a través del empleo de por vida. No obstante todo parece apuntar a que aquí no estamos más que ante un resto arqueológico que por motivos de estabilidad política se mantiene como realidad para unos pocos. Los funcionarios instalados en la decadencia de unos números menguantes, recortados por las jubilaciones, la externalización de buena parte de los servicios públicos, sustituidos por contratados laborales precarizados, en claro retroceso salarial frente al segmento de los superasalariados, son más bien un trapo que neoliberales y políticos agitan de vez en cuando como diana de las iras sociales contra el privilegio y la antiproducción, o igualmente como refugio en la selva de la incertidumbre laboral, que como el objetivo de una política destinada al reparto de la renta y el empleo. ¿?
En resumen, ni cuadros medios ni funcionarios pueden constituir esa supuesta mayoría social que compondría el centro y la brújula metropolitana. En tanto que segmentos amenazados, poco más podremos esperar que pequeñas escaramuzas de resistencia o, si se quiere, salidas corporativas de defensa de lo poco que les queda. Esa y no otra es la auténtica clase media: un residuo políticamente impotente que apenas flota en un océano en transformación.
Un elemento más planea sobre esta nueva estructura social de la «ciudad de las oportunidades»: los efectos que han nutrido a este nuevo proletariado de los servicios poco tienen ya que ver con la imagen del obrero industrial, heredero de una memoria de luchas, mayoritariamente varón y con la nacionalidad en regla, siempre con todos los derechos que ello siempre implica. Hoy, en Madrid, seis de cada diez trabajadores son mujeres y/o extranjeros. De los cerca de tres millones de empleados de la región metropolitana, más de 500.000 son extranjeros y 1,3 millones son mujeres. La fragilidad del empleo y la renta se transmite de forma vertical sobre estos sectores, y los dispositivos de explotación aprovechan así la minorización de estos grupos relegando, por supuesto, a mujeres e inmigrantes a los nichos de empleo peor remunerados y más precarizados. El resultado se puede resumir en una simple relación estadística: en Madrid un varón con nacionalidad española cobra de media el doble, exactamente el doble, que una mujer sin la «condición nacional».
Desde luego, frente a esta permanente apertura de la brecha social entre favorecidos y desfavorecidos por la «globalización» se repite incesantemente que «primero se crea riqueza y luego se reparte», que finalmente la «ciudad abierta» (en qué podríamos decir) y el libre mercado (aquel copado por los nuevos oligopolios privados) acabarán por derramar oportunidades para todos. Pero ¿cuál es el futuro que nos depara realmente este «modelo de ciudad»? ¿Por qué arte de transfiguración y travestismo veremos a las limpiadoras que a diario mantienen en un estado de impoluto orden las sedes empresariales, convertidas en empleadas cualificadas (diseñadoras y publicistas por ejemplo) o siquiera en trabajadoras con sueldos y horarios para una vida posible? La educación no parece ser una respuesta. Sabemos que la sobrecualificación es moneda corriente en buena parte de los trabajadores mal pagados. Sabemos incluso que la población inmigrante, que realiza buena parte de estos trabajos, tiene un nivel de estudios superior a sus coetáneos españoles de igual edad.
No, Madrid seguirá creando empleos de mierda para al menos la mitad de su población. En este sentido, reducir el nivel educativo, tal y como muestran las recientes encuestas, o recortar los presupuestos en educación como propugna Esperanza Aguirre, es quizás la medida más congruente. No hay, y no habrá, buenos trabajos para todos. Hay quien tendrá que limpiar los retretes de las grandes empresas. Hay quien tendrá que cuidar a los hijos de la new global class aún a costa de los suyos. Hay quien tendrá que hacer las camas de los ejecutivos en «tránsito» para mantener el liderazgo de Madrid como capital del «turismo de negocios». Y lo tendrán que hacer por salarios inferiores a mil, o incluso ochocientos euros al mes, mostrando una gran «flexibilidad» para cambiar de empleo según lo marquen las condiciones del mercado.
Ahí están, para Para garantizar este resultado «óptimo», están ahí las reformas del mercado de trabajo que en las últimas tres décadas se han traducido en recortes en la duración de los subsidios de desempleo, regulación de una amplia batería de contratos temporales y atípicos (por obra, en prácticas, etc.) para acabar en la asimilación de la contratación indefinida a un empleo sin garantías. Y para los «nuevos madrileños» existe la ley de extranjería que asegura que cualquier despiste o indisciplina se traduzca en la retirada del permiso de residencia y por ende el de trabajo.
En este aspecto, la La crisis abre otro interrogante: hasta ahora la máquina metropolitana del empleo ha repartido con generosidad decenas, centenares de miles de empleos, ¿ pero ¿qué que pasará, cuándo, como todo parece apuntar, cuando esto deje de suceder? Efectivamente, si la tendencia a la caída general de la tasa de empleo se mantiene (y lo viene haciendo desde el tercer trimestre de 2007), la famosa «máquina de crear crecimiento y empleo» que la propaganda política sosteníaacerca de la economía madrileña se convertirá en otra ilusión másde la reciente década de prosperidad.
La «solución política» de la crisis no parece, desde luego, que vaya a pasar por algún ningún tipo de redistribución o reparto, antes al contrario. Los primeros pasos de la administración apuntan una nueva batería de medidas que refuerzan las precarización y feminización de los empleos peor remunerados. De este forma, además de lanzar un paquete de subvenciones directas a las empresas y de pedir todo tipo de reducciones de impuestos para empresarios y acaudalados ricos en general, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, a través de la Cámara de Comercio de Madrid, una serie de programas de «formación» y de «ayuda» al empleo específicos para los sectores del comercio minorista y de la hostelería. Estos programas son apoyos encubiertos a este proceso de reproducción de la precariedad y las desigualdades salariales. No es de sorprender, por lo tanto, la excelente acogida que en el ejecutivo madrileños tuvo la proposición de la patronal local (CEIM) acerca de favorecer «un estudio en profundidad sobre la posibilidad de desarrollo de agencias privadas de colocación» y a la mejora de la eficiencia del Servicio Regional de Empleo. Estos dispositivos para acabar con lo que la jerga de los economistas liberales llama «paro friccional», que se produce por desconocimiento de las esplendidas oportunidades laborales que están a la vuelta de la esquina, serán efectivamente los encargados de dinamizar una nueva ola de ataques al trabajo.
En cualquier caso, además de considerar la profundidad de esta brecha que divide la sociedad en dos caminos bien distintos, en dos mercados laborales entre los que no existen prácticamente relaciones de intercambio, es necesario también analizar los poderosos impactos que esta fractura está teniendo en la geografía metropolitana, en los procesos de localización de las «nuevas especies sociales», y, por supuesto, en los hábitos de consumo, en las formas de relación social y de el uso del espacio público.
La financiarización y la segregación urbana
A fin de completar y asegurar esta estructura social dualizada, a fin de asegurar y confirmar el «premio» a los mejores con la riqueza de todos, se ha añadido otro factor que quizás pueda considerarse como la fuerza económica de mayor impacto social en nuestros días. Se: se llama financiarización. La financiarización, con todos sus complejos aspectos económicos, viene a significar que una parte cada vez mayor de la renta de los hogares depende de sus activos y su patrimonio financiero, como por ejemplo acciones, fondos de inversión y también o propiedades inmobiliarias. Esto quiere decir, que el salario ya no es la principal fuente de la renta de las personas, así como ni tampoco el principal factor determinante de la posición social de los «ciudadanos».
En efecto, la escalada de los precios de la vivienda en la última década (que aumentaron hasta 3 veces en el caso de Madrid) y la fiebre de las finanzas populares han permitido, a muchos, particulares convertirse en pequeños inversores, minúsculas «centrales de compra-venta» de activos. Los «beneficios sociales» de la constitución de esta nueva «sociedad de propietarios» se han mostrado infinitos: una sensación de riqueza casi generalizada, altos niveles de consumo, la producción mágica de un dinero que parecía multiplicarse casi por si solo bajo la forma de bienes inmobiliarios. La paradoja del experimento de este capitalismo popular es que se ha apoyado de forma casi exclusiva en aquellos bienes que resultan prácticamente imprescindibles para la reproducción de la vida. No resulta así nada sorprendente que el producto financiero más atrayente para los madrileños sean los fondos de pensiones (¡justo cuando se amenaza con la crisis del sistema público!) y que la mayor parte de su riqueza provenga de la vivienda. Como de costumbre, en los momentos de plena efervescencia económica, pocos ponían de relieve las profundas debilidades del modelo como, por ejemplo, el que una parte de la población se haya visto cada vez más alejada del acceso a la vivienda, que el endeudamiento de las familias haya crecido hasta el punto de convertir en crítica la propia continuidad del ciclo, que el resorte de este capitalismo popular haya sido tanto el deseo de riqueza como el miedo a no tener donde caerse muerto... Hasta hace poco, las ventajas de la nueva prosperidad parecían tan acusadas que nadie en su sano juicio debería cuestionarlas.
En cualquier caso, el resultado de convertir la conversión de la vivienda en un bien de inversión más que de uso, ha tenido como resultado sido también un nuevo despliegue de las dinámicas de segregación espacial. Como es lógico, la nueva centralidad de la vivienda y de la propiedad como el principal valor patrimonial central del patrimonio de las familias, ha dirigido buena parte de las energías de los propietarios, y especialmente de aquellos con patrimonios más valiosos, a «defender» el valor de sus bienes. En términos económicos una vivienda vale de acuerdo, entre otras, cosas a su ubicación. Y, como se sabe, el valor de mercado de los «lugares» está determinado entre otros muchos factores (como la conexión) por la homogeneidad social de los vecindarios y el nivel renta de su población.
Así, proteger Proteger así el valor de la vivienda, es quiere decir vivir en un vecindario tranquilo, de «gente bien», con viviendas adecuadas a los estándares de vida de la clase media alta, lejos de la promiscuidad étnica, racial y de clase asociada precisamente a lo «urbano». En este sentido, la financiarización, apoyada sobre los valores patrimoniales de las familias, ha tendido a fomentar no sólo la segregación, sino en consonancia con otros factores sociales y culturales, una ideal de vida anti-urbano, alejado de lo que de una aglomeración humana hacía propiamente una «ciudad», esto es, la riqueza de formas de vida, el mestizaje, la multitud. De este modo, las rentas medias y altas han proseguido con su «vuelo» hacia al arco suburbano del Norte y del Oeste, instaurando un estándar de vida normalizado: el la vivienda unifamiliar de dos o tres alturas en urbanizaciones a muchas veces bunquerizadas, cuando no directamente secluidas cerradas, separadas y a un tiempo conectadas con los centros urbanos por vías motorizadas de gran capacidad.
La penetración de la suburbanización en la geografía madrileña ha ido, sin embargo, mucho más allá de aquellas familias con posibles, y ya ha empezado también a convertirse en realidad para aquellas renta medias y medias-bajas, que aspiran a la «tranquilidad» del chalet y del jardín privado. ¿Qué otros espacios podrían ser los más adecuados para esta feliz «sociedad de propietarios»? De este modo, también en el Sur y en el Este del área metropolitana se han producido los nuevos ensanches «privados», desplazándose al Sur y el este del área metropolitana, se han destinado destinados a aquellos que podían escapar de los barrios del viejo cinturón obrero e industrial de la región. Una huida que paradójicamente ha sido financiada por los recién llegados,: los inmigrantes, que, con la compra o el alquiler de las viejas viviendas «obreras», han podido financiar financiado el «sueño» de sus antiguos dueños de vivir esa promesa de felicidad privada.
Y sin embargo, el problema dista mucho de resolverse en una cuestión de morfologías de vivienda. El Ese modo de vida privatizado, y segregado, en el que se trata de reducir a toda costa la incertidumbre y la inseguridad, que típicamente se asocian asociadas a la ciudad las grandes ciudades y que no se quieren ni en pintura cerca desean bajo ningún concepto dentro de los márgenes de «nuestra propiedad», parece haberse reproducido también en los nuevos barrios que, aunque construidos en vertical, repiten el modelo bunquerizado de las urbanizaciones privadas y de los con servicios comunitarios privatizados exclusivos, que, invariablemente, aparece aparecen siempre «dentro», en el patio de una manzana completamente cerrada y con un sólo punto de acceso, vigilado. Incluso en los espacios urbanos consolidados vemos, día a día, la proliferación de sistemas de vigilancia y seguridad privada, que sirven tanto para expulsar la «ciudad» hacia fuera, hacia la calle, como para proteger el valor de una propiedad siempre amenazado. Mientras, cada vez más, incluso las misma calles (y plazas) son vigiladas y monitorizadas por parte de las instituciones públicas protegiendo, en nombre de la seguridad y 'la limpieza pública' intereses mercantiles privados.
De otro lado, el crecimiento de los precios de la vivienda asociado a la extensión de los modos de vida suburbanos ha contribuido a ampliar de nuevo la frontera de renta entre el Norte y el Sur de la región metropolitana. De hecho, los grandes municipios del Sur (como Parla, Fuenlabrada, Getafe o Móstoles), siempre en las posiciones comparativamente de menor renta de la región, son ahora comparativamente mucho más pobres que antes frente a las grandes aglomeraciones suburbanas del arco norte y oeste (como Pozuelo, Majadahonda, Torrelodones). Esta segregación se ha visto además duplicada con la localización de la mayor parte de los servicios sociales privados (clínicas y universidades privadas), de los complejos de ocio exclusivos (como los clubs de golf) y de los centros financieros y corporativos (véanse las ciudades-empresa del Santander y Telefónica, o el complejo de las Cuatro Torres) en el Norte de la región, mientras que los polígonos industriales, los centros logísticos y todas las instalaciones de deshecho (incineradoras, depuradoras, escombreras...) se sitúan invariablemente en el sur y este de la metrópolis.
Naturalmente, este mapa de ricos y pobres señala también las áreas de mayor tensión en el futuro próximo. El viejo cinturón industrial, que había sido la base de los movimientos vecinales de la década de 1970 y que fue la gran área de castigo de la gran crisis de los ochenta, vuelve a ser de nuevo la zona potencialmente más sensible a la crisis social. Con una población nativa envejecida y atrapada, y una nueva población joven de origen inmigrante, contratada en empleos precarios y sin vías de ascenso social, es en estas zonas donde se está formando la «nueva periferia metropolitana», siempre al borde del estallido, y aún más cuando la «máquina del empleo» parece comenzar a flaquear.
La crisis puede producir algo más que la destrucción de empleo y el colapso de las economías vulnerables. En la medida en que la prosperidad madrileña ha dependido del consumo financiado por el endeudamiento de las familias y el valor de sus patrimonios inmobiliarios, y en la medida en que la crisis se está manifestando primero en la caída de los precios de la vivienda y en la destrucción de empleo, es probable que una cantidad no despreciable de personas entre literalmente en bancarrota y no pueda hacer frente a su deuda. El espejismo del efecto riqueza puede así tornarse en efecto pobreza, con efectos urbanos inciertos. Desde luego, sin políticas sociales que compensen las tendencias mencionadas, la crisis tenderá a revertir en una ciudad más cruel y más segregada, en la que seguramente la nueva pobreza será criminalizada y convertida en chivo expiatorio de las desgracias privadas.
En este paisaje social revolucionado, en el que se acusan las tendencias a la polarización y la segregación, en el que la propiedad se vuelve en criterio de distinción y de posición social, las formas de gobierno no parecen haberse quedado atrás. Si Madrid se ha transformado de forma radical, su clase política parece haber ido aún más lejos, ensayando formas de gobierno y medios de gestión a la altura de las circunstancias: esto es, capaces tanto de ser funcionales a los nuevos grupos socio-económicos dominantes como de imponer una nueva hegemonía traducida, al menos de momento, en consenso social.
III. La nueva intelligentsia: Madrid como laboratorio de la gobernanza metropolitana
Reformas radicales, administraciones decididamente agresivas, una vinculación precisa de los ordenes de gobierno a los intereses de la nueva oligarquía. Este conjunto de medidas difícilmente se podría entender y calibrar si no se atiende a las transformaciones de la clase política madrileña y a su voluntad de convertir Madrid en un laboratorio mucho más insidioso y perverso de lo visto hasta ahora.
Desde que en 1995 Alberto Ruiz-Gallardón rompiese el monopolio político de los socialistas en la Comunidad de Madrid y refundase en 2003 la derecha caciquil de Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento, la llamada oficialmente derecha madrileña ha sufrido muchos cambios, al tiempo que adquiría una incuestionable hegemonía política.
No es necesario decir, que si aquí sólo se habla de la «derecha» como el centro de la clase política madrileña, no sólo se debe a su capacidad para mantener a la vez la alcaldía y la comunidad, sino también y sobre todo a la miseria de la oposición institucional: los Socialistas Madrileños, arruinados por su falta de discursos políticos alternativos, una vez ocupado su nicho ideológico por Gallardón, agujereados por el Tamayazo, la corrupción y las luchas internas y el fiasco de la operación de la candidatura de Miguel Sebastián. El PSOE ha visto impasible, en efecto, la construcción en Madrid de una fuerza política hegemónica, a la que ellos, subordinados efectivamente a los mismos intereses que las administraciones del PP, no han sido capaces de proponer nada que tuviera el más mínimo sentido para las mayorías despojadas o perjudicadas por el nuevo modelo social. Ni que decir tiene No parece necesario subrayar que Izquierda Unido apenas ha sabido hacer nada mejor.
Pero ¿qué características han hecho posible esta situación? En principio Para empezar, se debería reconocer la figura de Gallardón, primero presidente de la Comunidad y luego alcalde del Ayuntamiento. Con la llegada a la alcaldía de Madrid, Gallardón ha rodeado todas sus iniciativas políticas de enormes operaciones de marketing-consenso, proponiéndose como mediador entre los distintos intereses colectivos que concurrían en la ciudad de Madrid. Aparentemente «ciudadanista» y abierto, su discurso público de gobierno se ha basado, con el recurso a una astuta propoganda, en el diálogo y el debate, tratando de establecer alianzas incluso con sectores de la sociedad civil tradicionalmente adscritos a las viejas formaciones izquierdas, como eran algunas ONGs o la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Esta estrategia de gobernanza inclusiva trataba de aunar en una imagen integradora y dinámica, una realidad cada vez más atravesada por la polarización social y territorial. Los planes especiales para los distritos más desfavorecidos, los planes de remodelación de la almendra central, la reconstrucción de un tejido cultural y de espectáculos en el centro de la capital, las candidaturas de 2012 y 2016, parecían congruentes con una idea de Madrid-Barcelona, inclusiva, creativa, abierta. Frente a ésta, las disensiones en torno a la remodelación de la M-30, la deuda generada en torno en estas obras o los movimientos contra los parquímetros, no han ido más allá, al menos todavía , de ámbitos concretos y localizados. De hecho se puede considerar que éste ha sido el mayor logro de un alcalde, que en realidad ha sabido poner el municipio a los pies del sector de la construcción y del empresariado multinacional sin despertar una oposición suficiente: una imagen amable para la nueva ciudad global convertida en la «máquina del crecimiento» de los intereses de la nueva oligarquía inmobiliaria y financiera.
De todas formas, y aunque Gallardón parece haber sido la puerta de entrada a esta revolución de las élites, capaz no sólo de gobernar sino de construir nuevas hegemonías, se podría considerar un el primer experimento sí, pero quizás sólo eso. Las innovaciones más radicales, responden a la iniciativa de la «lideresa»,: Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad desde 2003.
Cuando Esperanza Aguirre llegó en 2003 a la candidatura de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular muy poca gente podía reconocer de ella más carisma que el desplegado en el programa televisivo Caiga Quien Caiga y sus espantosos ridículos ante las cámaras (con su celebre Nobel Sara-mago (sic)). Desde ese momento, no obstante, Esperanza Aguirre no ha parado de ganar posiciones. Primero frente a Gallardón, al que derrotó en su pugna por controlar los mandos del Partido Popular madrileño en 2004 y en su pugna por tomar posiciones en la renovación del Partido en 2008.
La novedad característica principal de lo que podríamos llamar la «gobernanza esperanzista» consiste en que no se ha limitado a agradar dar una imagen agradable, coleccionando y coleccionar reuniones con los agentes reconocibles de la ciudad y estableciendo, siempre según el modelo Gallardón, establecer una forma de consenso dulce, que permitiese la acción del partenariado administración-oligarquía. Mucho más agresiva y radical, la novedad del nuevo experimento aguirrista consiste en intentar producir directamente «sociedad civil», un cuerpo social movilizado capaz de responder como un activo, como un agente, a las reformas económicas y sociales promovidas por ese mismo partenariado. Para ello ha sido preciso componer una vasta operación de ingeniería social, que aunque caótica e improvisada, se ha mostrado completamente funcional al modelo neoliberal y pro-oligárquico del gran laboratorio madrileño. Se trata de un conjunto de medidas e iniciativas que tienden a confluir en una suerte de modelo de intervención pragmático, un modelo que funciona más por prueba y error, que por un plan (¡los neoliberales jamás recurren a la planificación!) bien trazado. Sus principales piezas habrían sido las siguientes:
La renovación ideológica y la construcción de una política mediática agresiva
En este sentido, se debe traer a primer plano la profunda renovación de los media y los think tanks conservadores. empezando, por supuesto, por la La FAES (Fundación para el Estudio y Análisis Sociales), por supuesto, el órgano que se diseñó para el retiro de Aznar después de su último mandato y que, tras la inesperada derrota en las elecciones de 2004, adquirió un papel protagónico en la formulación de propuestas políticas y en la demarcación de la nueva ideología de carácter liberal-conservador. Pero también, y de forma aún más destacada, se debe considerar el portal de internet Libertad Digital, creada en el año 2000 y con Federico Jimenez Losantos a la cabeza. El con el objetivo: de generar un discurso para la derecha y desde la derecha que ganase en frescura y populismo, apoyado en un nuevo estilo mediático más cercano al agit-prop de la vieja extrema-izquierda (de la que por cierto provienen la mayoría de sus principales colaboradores) que al tradicional discurso conservador. De este modo, Libertad Digital ha eliminado muchos de los complejos morales que ciertos sectores liberales tenían con respecto de temas como la guerra de Irak, el mundo árabe o la inmigración. Para ello ha confeccionado sofisticadísimas campañas de contaminación y saturación mediática como la de que promovió la sospecha acerca de la versión oficial del 11-M y su relación con ETA.
Con mezclas de tendencias neocon y libertarians al estilo de Estados Unidos, Libertad Digital ha allanado el camino para la nueva revolución ideológica, que en palabras de su presidente Alberto Recarte, se podría resumir así: «El poder sea de derechas, centro o izquierda corrompe y por eso hay que desconfiar de él». Sobre estos principios, la nueva administración de la Comunidad no ha tenido sin embargo remilgos para convertir al ente público, Telemadrid, en una prolongación de este nuevo clúster mediático, al tiempo que ha lanzado un segundo canal autonómico, La Otra, y ha dado licencia a nueva colección de canales de televisión digital de marcado carácter neoliberal o neoconservador.
La promoción movimientos sociales agresivamente conservadores
En este ámbito es, quizás, donde la apuesta ha sido más arriesgada y en el que los resultados pueden ser más pervasivos extensos y generalizados en lo que se refiere a las próximas décadas. A partir de los experimentos, todavía demasiado anclados a los imaginarios tradicionales de la derecha hispana, protagonizados en 2004 y 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Foro por la Familia; pero a partir también de algunos indicios de que existía un campo prometedor de innovación en los discursos y en los medios de movilización social (véase por ejemplo el movimiento Peones Negros, que puso en jaque la versión oficial del 11-M); la nueva élite política y mediática ha tomado como propio, aunque de una forma invertida, las temáticas clásicas de los tradicionales movimientos sociales (multiculturalismo, ecología, solidaridad internacional, intervención social). Baste señalar, en este sentido, la reciente campaña contra el Mayo del '68, lo que en palabras de Pablo Casado, joven esperanzista, y desde fecha reciente lider de las juventudes del PP, se expresa así: «Los jóvenes idolatramos a mártires como Miguel Angel Blanco, no a asesinos como el Che». Un ataque, apoyado en manifestaciones y comunicados, al más puro estilo Sarkozy, de todos los iconos «progres», en pos de una regeneración ideológica y ética beligerante con los valores amorales del Mayo francés.
Las ansias de un este nuevo idealismo de derechas se han manifestado también en otra multitud cuestiones, la. La más importante, hasta ahora, quizás, por sus graves consecuencias sociales, ha sido hasta ahora el ataque al Estado del Bienestar, siempre a partir de sus supuestas consecuencias morales: una población vaga y dependiente de las subvenciones estatales. La hipóstasis esencia de los estos valores de la superación individual y el trabajo, del de premio para los «mejores» no se han ha dejado de manifestar también en las críticas a las educación pública y a las políticas de protección social.
Hacia la creación de una sociedad civil desde arriba
El control de los presupuestos y del gobierno, ha permitido poner en práctica una nueva colección de dispositivos que se encargarían ya no sólo de proponer y atacar ideológicamente el status quo, sino de ensayar modelos sociales de gestión alternativos. En este sentido, se debería recoger el apoyo, subvención y promoción de un nuevo tejido de ONG´s, Asociaciones, Fundaciones y Universidades Privadas vinculadas al ideario conservador. De hecho, en las políticas referidas a asuntos sociales, inmigración, familia y medio ambiente, el paso del dicho al acto enunciado a la acción ha producido ya algunos resultados.
En materia de inmigración, por ejemplo, y tal y como veremos luego con más desarrollo detalle, la diana y los tiros han ido dirigidas en un doble sentido. En primer lugar, se ha tratado de eliminar la mayoría de los dispositivos públicos vinculados a la asistencia de necesidades básicas y de acogida de los inmigrantes, cerrando la mayoría de casi todos los Centros de Atención Sociolaboral a Inmigrantes (CASI), ubicados en barrios con mucha población inmigrante, además de cerrar cancelar otros muchos dispositivos recogidos en los planes de inmigración a nivel municipal (Plan Madrid convive de 2004) y Regional (Plan de Integración 2006). Al mismo tiempo se ha dado cuerpo en su lugar a los llamados CEPI´s (Centro de Integración y Participación) más dirigidos a la atención con una atención dirigida por nacionalidades y más enfocados a cuestiones culturales-folklóricas que a prestar ayudas reales y de calado en materias centrales como vivienda o trabajo. De este modo, han se ha tratado de gestionar y reforzar las fronteras que determinan la inclusión o la exclusión de los migrantes; tratando a los sin papeles, como un deshecho no reconocido, susceptible de una rápida expulsión.
El segundo objetivo, sería de carácter tanto social como político. Se, trataría de convertir el sector de la intervención social, externalizado de antiguo, en un auténtico tejido social al servicio de las estructuras políticas. Una red asociativa y social que sirva como campo de experimentación de nuevas políticas sociales. Esta red (,integrada por entidades como la Universidad Católica Francisco Vitoria, la Fundación Altius (que gestiona muchos de estos CEPI's) y una multitud de asociaciones), se extendería como una malla capilar, capaz de definir las relaciones sociales a partir de sus partículas elementales. Nótese bien, que se trata de una nueva modalidad de gobierno, que en este caso no pasaría por crear dispositivos abiertamente racistas, sino mecanismos multiculturales en los que el resultado fuera una perfecta tamización y segmentación de la sociedad con el objetivo de diferenciar, separar y comprender los procesos sociales desde una óptica de gestión-control de las poblaciones «de riesgo», al tiempo que propiamente sirviese como mecanismo de movilización productiva conveniente para una metrópolis cada vez más mestiza.
En conjunto, el experimento-Madrid en la nueva revolución de los prácticas y discursos de mando tendría por propósito no sólo alcanzar la meta de un gobierno «cómodo y flexible», adaptado a las nuevas funciones de esa posición global de la ciudad, sino algo mucho más profundo: producir una sociedad adaptada plenamente a eso que los neoliberales llaman «mercado», que no es sino la consumación de una realidad social convertida en campo de cultivo de los dispositivos de explotación del nuevo bloque oligárquico.
III. Servicios ¿públicos?
Territorio privilegiado de este revolución desde arriba, literalmente de este experimento de construcción de una sociedad nueva, perfectamente adecuada a las necesidades de la nueva oligarquía corporativa, lo han constituido sin duda los servicios públicos. La transferencia de competencias a las comunidades autónomas ha puesto en manos de la administración madrileña buena parte de los activos y servicios que otrora componían las principales partidas los principales ejes del Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Enormes partidas presupuestarias que pueden servir tanto para beneficiar a determinados agentes como para como para reforzar las nuevas divisiones que están abriendo en canal la sociedad madrileña.
El negocio de la salud
El principal capítulo de este experimento, el de mayor relevancia mediática y en el que se ya han dado quizás las primeras batallas de relevancia, ha sido la sanidad madrileña. La sanidad pública vive, en efecto, efectivamente una época de convulsa y de radical transformación desde que Esperanza Aguirre tomara posesión de su cargo en 2003. La primera legislatura se había iniciado con la promesa de construir ocho nuevos hospitales. Promesa razonable por la saturación de los viejos hospitales de la capital y del sur madrileño. Pocos entonces dieron la voz de alarma de que esto era en realidad la avanzadilla de todo un nuevo modelo de administración de la salud, cada más alejado ya no de una vocación de mejora de un bien común, sino de un derecho que debía ser garantizado de forma universal.
Poco después de _ (algo) se abría un escándalo en el Hospital de Leganés contra uno de los jefes de servicio, el Doctor Montes. El asunto no dejaba de ser absolutamente escabroso. Se : se le acusaba de autorizar 300 sedaciones con resultado de muerte. La velada acusación de homicidio múltiple, tanto sobre él como su equipo, cumplió rápidamente un objetivo doble. Dañar,: dañar, por un lado, la imagen de la sanidad pública tomando por diana un hospital de referencia., (A a los pocos meses el número de leganeses con seguro privado se había duplicado). De y por otro, «avisar» al estamento profesional de con «quien quién se la estaban gastando», esta vez cogiendo como cabeza de turco a un grupo de profesionales prestigiosos y claramente contrarios a la administración. Poco valió que tres años después la justicia diera la razón a los acusados.
De forma paralela, el consejero de Sanidad, el señor Lamela, trabajaba en la inauguración de los ocho nuevos hospitales, la mayoría situados en la segunda o tercera corona metropolitana, en zonas de deficientes dotaciones sanitarias y con demandas antiguas en este sentido. Una operación política y mediática redonda, ya que la mayoría se inauguraron poco antes de las elecciones autonómicas de 2007. Debajo de la proclamas propagandística que apuntaba sobre uno de los «mejores modelos sanitarios del mundo», en el que los hospitales públicos ya nada tendrían que envidiar a las mejores clínicas privadas (con habitaciones individuales y el mejor instrumental) se escondía sin embargo el primer episodio de privatización de la sanidad pública.
Los nuevos hospitales se realizaron mediante un sistema de gestión público-privada, copiado del Reino Unido, llamado por sus siglas en inglés PFI (Private Financial Iniciative). El propósito era dar entrada a la financiación privada tanto para la construcción del hospital como para su gestión y mantenimiento. Los nuevos hospitales se habían hecho posibles gracias a dos reformas legislativas aprobadas en el primer año de legislatura de José María Aznar con el voto positivo del PSOE (el Real Decreto Ley 10/1996 y la Ley 15/1997). La nueva legislación concedía nuevos privilegios al sector privado (bajo la fórmula de «concesión administrativa») en la gestión sanitaria con un argumento que no por ambiguo, cuando no falso, deja de repetirse: «Constituir un importante instrumento de flexibilización, y autonomía en la gestión sanitaria». Lo que quiere decir que el sector sanitario debía adecuarse a la realidad económica y reducir el impacto que produce en las arcas públicas, siempre mediante la incorporación de inversiones privadas y de medidas de gestión de carácter marcadamente empresarial que mejorasen su eficacia y eficiencia. Ya antes, por supuesto, se habían dado pasos previos como la externalización de servicios básicos no sanitarios (limpieza, comida, transporte de ambulancias, seguridad,…). Se trataba del mismo discurso protocolario que había permitido la externalización de otros servicios públicos como la recogida de basuras y algunos servicios deportivos y culturales.
En cualquier caso, el modo de funcionamiento y gestión de los nuevos hospitales consistía en que si bien conservaban la titularidad pública, eran cedidos a una o varias empresas responsables de su construcción y mantenimiento, así como lo era también se cedía la labor de contratar o subcontratar determinados servicios sanitarios (como puedan ser los laboratorios) y no sanitarios (como la gestión administrativa, que incorpora la gestión de las historias clínicas de los pacientes). Por supuesto, aunque el gerente del hospital es nombrado por la consejería, es la empresa concesionaria la que toma de facto las decisiones de gestión. La calidad del servicio parece en principio garantizada por agencias de evaluación. No obstante es evidente que pero, evidentemente, las cuentas no salen. Poco se dice, en este sentido, acerca de que los ratios de personal por paciente son mucho menores que en los antiguos hospitales públicos, que el personal sanitario es simplemente «recolocado» de los viejos a los nuevos hospitales sin que se amplíe su número, que los nuevos hospitales no tienen el tamaño crítico (en su mayoría son demasiado pequeños) para garantizar la existencia de la mayor parte de las especialidades, que está comprobado que las externalizaciones de servicios como la limpieza repercute en una mayor incidencia de epidemias en los centros sanitarios, etc... Tampoco se dice mucho acerca de que en los países pioneros de la «fórmula PFI», como Canada o Reino Unido, este modelo de gestión ha sido tan fuertemente cuestionados por usuarios y médicos, que en muchos casos han sido «recuperados» para ser organizados con los antiguos modelos de gestión pública.
Más allá, no obstante, de que la vida y la muerte de los ciudadanos madrileños pueda ser un asunto relativamente banal para la administración. El punto más fuerte de la gestión concertada de la sanidad, el supuesto ahorro presupuestario, puede ser también completamente falso. La comunidad autónoma, a cambio de la delegación en las empresas concesionarias, tiene por supuesto que hacerse cargo de la financiación general del hospital, que garantiza mediante el pago de un canon anual. Un canon que incluye los gastos de gestión así como el normal «beneficio» para las empresas y una parte destinada a sufragar el coste de la construcción de la infraestructura, siempre con unos intereses altísimos, durante un periodo de 30 años. El resultado: los estudios realizados señalan que los nuevos hospitales PFI salen más caros por paciente que los viejos hospitales de la red pública. Simplemente lo que antes aparecía en la partida de gastos sanitarios, pasa a la firma columna de «pasivos» y pago de intereses.
Pero ¿tanto embrollo para un asunto puramente contable? ¿Cuáles son las razones para animar semejante reforma? El porqué es el mismo que el de la obra pública, y el de casos tan señeros como el de la M-30. Los beneficiarios son de hecho casi los mismos que en las grandes obras de la construcción madrileña. Así FCC y Caja Madrid se han hecho cargo del hospital de Arganda, Sacyr Vallehermoso de los de Coslada y Parla, Dragados del de Majadahonda, Acciona del de San Sebastián de los Reyes, Apax Partners del de Valdemoro, Hispánica el de Aranjuez y Begar del de Vallecas. Y no sólo obviamente del hospital sino también de algunos servicios «ruinosos», como la cafetería y ek parking. Tal es la alegría de los concesionarios, que en palabras de Fernando Arrojo, representante de Sacyr Vallehermoso, «lo peor es que no pague la Administración pública» y frente a ello «todas las concesiones tienen cláusulas de rescate». Los beneficios, como de costumbre bien garantizados por las transferencias públicas, parecen siempre destinados a aquellos que más lo merecen. Los problemas si se presentan ya los pagaremos todos.
Por supuesto, los hospitales, siendo la parte del león de este programa de «fomento del negocio sanitario», se ha visto acompañados de otros experimentos en áreas tan sensibles como los centros de especialidades, la atención primaria o la propia carrera médica. Así por ejemplo dos centros de especialidades (CEP), de antigua titularidad pública, han sido adquiridos por la multinacional sueca Capio (participada principalmente por fondos de inversión), que ya poseía en Madrid los hospitales Infanta Elena de Valdemoro y la Fundación Jiménez Díaz, además de otros dos hospitales sin apoyo público aparente. La privatización de estos dos CEP, situados en el área sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz forma parte de un contrato de colaboración por el que se deriva a esta entidad la asistencia hospitalaria urgente y programada de atención especializada, así como los diagnósticos de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica y endoscopias de la población de 14 Zonas Básicas de Salud (400.000 personas).
Por otro lado, la atención primaria, mermada en recursos, con una grave carestía de medios y personal, ha sido también objeto de reciente ataque. Con un argumento de carácter populista, que cada cuál pueda elegir su médico de cabecera (lo que ya se podía hacer dentro de cada zona sanitaria), se prepara otro nuevo recorte de recursos, con importantes consecuencias en el servicio, al separar a un buen número de pacientes de su zona de referencia, donde se tendrán que hacer la mayoría de las pruebas médicas, cortando toda comunicación entre el médico (de otra zona) y los centros de diagnóstico.
Por último, la formación sanitaria tampoco podía escapar a la fiebre del «ahorro» y de la «eficacia privada». Por orden administrativa, cuatro hospitales han estado a punto de adquirir la función de albergar facultades universitarias. Tres de estas nuevas facultades irían asociadas a universidades privadas tan «prestigiosas» como la Alfonso X El Sabio, la Francisco de Vitoria y la Universidad Europea de Madrid. Como es «natural» en las nuevas facultades se debía formar al cuerpo médico y sanitario bajo un nuevo código moral que retomase ciertos axiomas en desuso, debido a la laicidad a la que acostumbra la profesión médica moderna, según la visión del gobierno regional. El ojo del huracán se encontraba, como no podía ser de otra manera, en cuestiones como el aborto, los cuidados paliativos o la investigación con células madre. De momento el rechazo del Ministerio de Educación ha impedido el logro de esta iniciativa, pero tiempo al tiempo.
En conjunto, el nuevo modelo sanitario, si bien caótico, y muchas veces improvisado, parece apuntar a un servicio cada vez más degradado. La supuesta eficacia del sector privado en la provisión de un servicio como la salud, parece limitada al ahorro de costes. Y lo que hasta ahora había sido la garantía de la calidad del servicio, la autonomía y vocación del personal sanitario, se ve día a día erosionada por las reformas «nada liberales» de la administración Aguirre. El resultado previsible: convertir el sistema sanitario madrileño de lo que hasta hace poco sí era uno de los mejores servicios del mundo a en una charity al más puro estilo estadounidense.
Como siempre que se trata de un servicio público, serán sin duda aquellos sin alternativas sanitarias (que la Comunidad reconoce ya con la aplicación de distintas tarjetas sanitarias), los que más sufran las consecuencias del experimento sanitario neoliberal. Pero todos, incluso aquellos con seguros privados, padecerán el deterioro de unos hospitales (los públicos), que cuando se presentan enfermedades graves (como las enfermedades crónicas u oncológicas o embarazos de riesgo) han sido, y todavía son, la mejor solución sanitaria.
Al borde de la crisis de la educación
Si en la sanidad las la diferenciación del servicio en razón a la renta o a la clase de los pacientes está siendo un resultado de la política de privatizaciones, en materia de educación se podría decir que éste es directamente el objetivo. En este sentido se debe recordar la existencia de congregaciones, fundaciones y empresas que llevan décadas gestionando colegios de educación primaria y secundaria. Una situación que fue ratificada en la Transición, al tiempo que se aseguraba la financiación pública de los mismos, con la figura del «concierto escolar». La justificación del apoyo a esta «enseñanza concertada» parece recogida en la Consitución en el reconocimiento de la libre elección por parte de los padres en relación con la educación que de sus hijos. De este modo, los colegios concertados y privados llevan décadas provocando de facto una formación diferenciada según un criterio de clase-renta, que si bien generalmente no se traduce en un «mejor» nivel académico (aunque se oculte sistemáticamente, es conocido el mejor rendimiento de la enseñanza pública), sin duda impide el encuentro en la infancia y adolescencia de grupos sociales distintos así como y favorece la reproducción de las diferencias de capital social y simbólico. Por supuesto Evidentemente, si el objetivo declarado y el principio legitimador de la educación pública ha sido propiciar la igualdad de oportunidades, podemos parece lógico pensar que la externalización de servicios educativos altera este fundamento, al introducir lógicas de gestión que pasan por la maximización del beneficio económico y la atención diferencial del alumnado.
Nuevamente, las transferencias educativas a las comunidades, ha sido una nueva oportunidad para reforzar la segregación de las escuelas. La administración popular no se ha caracterizado por su discreción en su apoyo a la hora de apoyar la enseñanza concertada, tal y como demuestran las medidas recurrentes como en materia de la cesión de suelos, importantes beneficios fiscales, la importante omisión de construcción de escuelas públicas en nuevos barrios, etc. De este modo, la enseñanza pública ha ido perdiendo terreno frente a la enseñanza concertada pública y la privada, hasta el punto de ser una de las pocas comunidades autónomas en las que recoge menos alumnos que las de gestión privada. De hecho, en el curso 2006-07 sólo el 37 % de todos los alumnos escolarizados en la ciudad de Madrid (Enseñanzas de Régimen General) asistió a un centro público. La distribución geográfica de este porcentaje manifiesta la clara especialización social de la enseñanza pública en determinados segmentos sociales, precisamente los más desfavorecidos. Baste comparar que en el distrito de Salamanca (el tradicional barrio burgués de la ciudad histórica), sólo el 15 % de los alumnos asistían a un centro público, mientras que en Villaverde (núcleo del sur industrial de la ciudad) este porcentaje se elevaba al 61 %.
La inmigración, por otra parte, ha reforzado esta tradicional frontera de clase en materia educativa, con otra de carácter étnico, que se manifiesta de forma meridiana en el hecho de que en ningún distrito exista una correspondencia entre los ratios concertado-privado-público de los alumnos nativos y aquellos que provienen del extranjero. La enseñanza pública se encuentra en este sentido completamente especializada en la nueva población escolar. Así si en Madrid sólo el 37 % de los alumnos asistía a colegios públicos, en el caso de los alumnos de procedencia extra-nacional este porcentaje era del 62 %. Si se consideran los casos por distrito, especialmente de aquellos en los que la población inmigrante no es de origen europeo (como los distritos del sur de Madrid), el porcentaje suele superar el 70 %. De este modo, se declina la famosa «libertad de educación» esgrimida repetidas veces frente a cualquier denuncia contra los privilegios de la enseñanza concertada y privada: los padres prefieren el colegio concertado, seguramente peor, antes que mandar y «mezclar» a sus hijos con pobres o inmigrantes.
Por otra parte, a esta segregación por tipos de centro se ha añadido recientemente un conjunto de nuevos dispositivos que promueven una fuerte diferenciación interna dentro de los propios centros públicos. La diversificación curricular, las diferentes compensatorias (interna, externa, aulas de compensatoria externa...) y las aulas de enlace (para una supuesta rápida inmersión lingüística) recogidas como Medidas de Atención a la Diversidad, se supone procuran facilitar la integración y «poner al nivel» a alumnos que por distintos motivos no pueden seguir las clases de su curso de referencia.
Obviamente, lo que se observa es que una parte importante de la población inmigrante en edad escolar, así como de los chicos y chicas de los grupos sociales «menos favorecidos» y de todos aquéllos que no se comportan en clase como se espera, han acabado siendo derivados a estos servicios, convertidos ahora en una suerte de «cajón de sastre». Baste señalar, que si bien en el curso el curso 2006-07, los extranjeros sólo suponían el 12,2 % de todos los alumnos de Enseñanza General en la Comunidad, representaban el 52,8 % de los alumnos que asistían a Compensatoria.
Además a A pesar de las buenas intenciones declaradas y, de los recursos invertidos hasta la fecha, estas medidas de atención a la diversidad parecen hasta la fecha haber sido muy poco eficaces en términos de inclusión escolar: pocos son los alumnos que son reincorporados a la vida escolar «normal», pocos los que reducen su absentismo escolar, pocos también los que estos dispositivos les sirven para su inserción laboral, en. En mucho casos supone, de hecho, la interiorización de una posición de inferioridad, que se corresponde con la falta de autoestima que manifiestan muchos al ser etiquetados como «fracasados escolares». El alto grado de ineficacia de estas medidas, conduce a la pregunta de si no serán otros los objetivos reales. En primer lugar son los grupos minoritarios, los extranjeros y/o los alumnos de niveles socioeconómicos bajos, los que acaban derivados a estos recursos. Por otro lado, aunque estos servicios se basen en discursos y prácticas que valorizan las diferencias, son muchas veces dichas diferencias las que sirven en ocasiones de coartada para explicar el fracaso escolar, siempre sin tener en cuenta factores socioeconómicos ni las desigualdades de clase social. En definitiva, la operación última de este modelo educativo, podría se ser la de convertir la segregación de etnia y clase social en un problema de nivel o de disciplina, soslayando las causas reales de una institución que parece abismarse sobre su propia crisis a la hora de tratar con sujetos cada vez más diversos.
Indudablemente, la Comunidad no sólo ha hecho esfuerzos por reducir estos problemas. Antes al contrario, la enorme rotación laboral de los profesionales y la falta de coordinación con los profesores «regulares», son práctica corriente derivadas en parte de la falta de financiación. De hecho, muchos de estos dispositivos, como la Compensatoria Externa, están siendo subcontratados a empresas, derivando así el problema al sector privado, al tiempo que se genera un nuevo «nicho de negocio».
En conjunto, la reducción relativa de los centros públicos y, el trato de favor a los centros concertados y privados, y la externalización progresiva, produce un vaciamiento del Estado del bienestar. La gestión de la heterogeneidad en la escuela a través de la diferenciación por nivel apunta sobre hacia un tipo de políticas públicas que ya no se dirigen, ni siquiera de manera formal, a un futuro inclusivo y equitativo.
La «gestión» del extranjero
Con 800.000 extranjeros empadronados, la Comunidad de Madrid es uno de los primeros centros receptores de flujos migratorios transnacionales. La enorme eficacia de la máquina de empleo madrileño ha permitido ofrecido en estos años algunas oportunidades a gran cantidad de migrantes procedentes en su mayoría del Sur del planeta. Y esto a pesar de las leyes de extranjería que condicionan el acceso a cualquier derecho a la obtención de permisos de residencia y trabajo, en muchas ocasiones muy difíciles de obtener.
Conscientes, de cualquier manera, de todas formas que la riqueza de la ciudad ha dependido en gran medida del trabajo barato que han proporcionado por estos nuevos residentes y de que el «futuro social» de la ciudad pasará en buena medida por ellos, Ayuntamiento y Comunidad presentaron en 2004 y 2006, respectivamente, sendos Planes de actuación para hacer frente al creciente aumento de la población extranjera. Concebidos todavía desde una perspectiva de «integración social», el Plan de Integración 2006-08 de la Comunidad (conocido como Plan Madrid) trataba de promever la implicación tanto de la población autóctona como de la población migrante en la consecución de este «proceso de integración». Sobre el papel, el Plano Plan buscaba reforzar a través de programas, actividades, cursos, campañas y estudios los recursos ya existentes, en áreas tan diversas como empleo, vivienda, educación, servicios sociales, salud, opinión pública, participación… A su vez, y como pieza clave dentro de los dispositivos de gestión de la diversidad, se prevía la consolidación de los CASI (Centros de Atención Social a Inmigrantes), cuyas funciones vendrían a complementarse con la creación de los CEPIs (Centros de Participación e Integración), concebidos como lugares de encuentro entre autóctonos y migrantes, aunque separados por nacionalidad de origen.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, presentó su I Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural (conocido simplemente como Plan de Convivencia). En principio un Un plan innovador y ambicioso, que afirmaba, en principio, querer ir más allá de la mera integración de la población migrante y «perseguir el impulso y la mejora de la convivencia entre todos los madrileños». La actuación del Ayuntamiento quedaba definida en torno a tres ejes (articulación del modelo convivencial, normalización en el acceso a los recursos y el impulso y mejora de la convivencia) entre los que se distribuirían 37 dispositivos de nueva creación, aunque finalmente sólo 34 llegarían a materializarse.
De todas formas, y a pesar de las retóricas de inclusión que desde el Ayuntamiento califican a los extranjeros como «nuevos madrileños», en el año ????, en que se terminaba la cobertura de los planes, los resultados no podrían ser menos halagüeños. Desde su puesta en marcha, todos los indicadores muestran un creciente aumento de la desigualdad entre la población española y la extranjera: los migrantes sufren invariablemente mayor movilidad laboral, mayor temporalidad (de hecho más de la mitad tienen un contrato temporal, frente a menos de un tercio de los españoles), mayores tasas de desempleo, que si situaban a principios de 2009 en un 16,46 %, frente a un 9,34 % de los españoles; y por supuesto, en condiciones de igual trabajo, salarios entre un 20 y 35 % menores que los españoles.
Y todo esto en una atmósfera, por otro lado, en la que al menos a escala europea, es cada vez más perceptible el aumento del racismo institucional (véanse la mal llamada «directiva de retorno» y las modificaciones introducidas por el nuevo gobierno de Berlusconi, o el anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería española), la utilización de los discursos securitarios abiertamente anti-inmigrantes como moneda electoral (Sarkozy, Berlusconi, Merkel…), al tiempo que se repiten los episodios de racismo popular (como los incendios en campamentos de rumanos en el sur de Italia).
En este sentido, no deja de sorprender la aparente miopía tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, que si bien en principio apostaron por un cierto principio de igualdad (entendida como el acceso, en igualdad de condiciones, a las mismas oportunidades que el resto de los madrileños) y de normalización (evitar la generación de procedimientos, dispositivos o prestaciones segregadas de los que existen para el conjunto de la ciudadanía), la en su propia evaluación pública de los resultados obtenidos se ha han limitado a una simple cuantificación de las actuaciones realizadas. No, donde no hay evidentemente (¿cómo podría haberlo?) un análisis serio de su incidencia social real, se desdeñan los mecanismos de segregación socioeconómica y se dejan por completo de lado todo análisis cualitativo del proceso de integración y convivencia real.
De hecho, como si hubieran interiorizado esta misma crítica, aunque públicamente mantengan una valoración «positivísima» de los planes, en los dos últimos años se ha procedido a una política de cierres, de reducción de plantilla o de cambios en las entidades gestoras. Es el caso de los 18 CASI integrados en el Plan Madrid, de los que sólo quedan cuatro, con un cierre previsto para finales de este año. O también de algunos dispositivos recogidos en el Plan de Convivencia del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, y siempre a pesar de las excelencias que pueden leerse en las evaluaciones públicas del Plan de Convivencia, se ha procedido a reducciones de presupuesto y plantilla que han afectado a recursos fundamentales como el Servicio de Traducción e Interpretación, que ha quedado reducido a un mero call-center, o el Observatorio de las Migraciones. Evidentemente, los cierres o traspasos de estos dispositivos implican un claro derroche de tiempo, dinero público y capital humano destinado a infraestructuras, formación de profesionales y creación de redes sociales.
Por supuesto, Evidentemente, el contexto de crisis económica va acusar aún más estas tendencias. Al ya que, al tiempo que la desigualdad social crece a ritmo acelerado y se repiten sin ton ni son las proclamas a apretarse el cinturón, los «riesgos» económicos se transfieren cada vez más a los estratos más bajos de la escala social. En este panorama de inestabilidad social surgen así automáticamente la pregunta de ¿cuál es la lógica que se esconde detrás de las actuaciones del gobierno autonómico y municipal de Madrid? ¿Se trata simplemente de una reducción presupuestaria? ¿Son fundamentalmente cambios en las entidades gestoras con los que el gobierno municipal y autonómico busca favorecer a las ONGs más «afines»? ¿Cunde la insensatez generalizada?
El ámbito de la intervención social, al igual que todos los vistos hasta ahora, ha sido testigo en las últimas décadas de un proceso paulatino de generalización de formas de gestión público-privada dominadas por la llamada «lógica de mercado». La gestión de los recursos tanto del Plan Madrid como del Plan de Convivencia ha sido subcontratada a todo un abanico de ONGs, fundaciones y empresas de lo social. Por supuesto, donde las condiciones materiales de trabajo que impone el gobierno a quienes concede la gestión de sus servicios son de absoluta precariedad: salarios bajos, contratos a tiempo parcial, inestabilidad laboral, subcontrataciones a través de empresas o consorcios… De hecho, la propia consolidación del proceso de externalización ha derivado en la proliferación de organizaciones y asociaciones que acaban entrando en feroz competencia entre sí, convirtiendo al Tercer sector en un mercado de saldos, donde la «crítica» puede quedar queda reducida a marca de un producto «social». El resultado: una merma de la calidad de las prestaciones y de las condiciones materiales en las que se realiza el trabajo. Al fin y al cabo, dentro de una lógica de mercado, el presupuesto más bajo es el que tiene más oportunidades de conseguir la concesión. Y en estas condiciones, especialmente cuando se multiplican los cierres y se recortan los presupuestos, son las empresas de servicios (bajo la máscara de fundaciones o de ONGs) las que acaban por quedarse con los principales contratos, fomentando la rápida concentración del sector así como su transformación en un nuevo nicho de negocio.
En cualquier caso, y sólo en relación con la función social de estos servicios, Comunidad y Ayuntamiento se enorgullecen en presentar públicamente lo que se han atrevido a llamar el 'Modelo Madrid' de políticas migratorias y de convivencia. Un modelo que se presenta en términos triunfalistas, como ejemplo a seguir por otras ciudades españolas y europeas. Pero vista la precariedad y la inconsistencia de estas políticas ¿es todavía posible hablar siquiera de algo parecido a un modelo? Más que hablar de un modelo bien, la realidad parece apuntar a unas políticas públicas que funcionan al albur de pequeños acuerdos, urgencias y necesidades concretas y no siempre previstas. Iniciativas en clave de ensayo y error: pequeñas actuaciones, móviles y flexibles, dirigidas allí donde se detectan riesgos (coyunturales o estructurales), para hacer frente a necesidades concretas (entre las que también se sitúan las necesidades de promoción y votos). La intervención social deja cada vez más de lado una función de verdadera protección social (con la lógica de redistribución de recursos) y cada vez se centra cada vez más en una función de «contención» para a fin de que las situaciones más extremas no se desmadren.
En este sentido, el El interrogante sigue en este sentido completamente abierto: ¿qué modelo de convenvia se está fraguando en una ciudad, afectada por este tipo de políticas sociales, pero también por un patente racismo institucional inscrito en los mecanismos legales de regulación de la inmigración y por un creciente aumento de la desigualdad social entre inmigrantes y autóctonos?
IV. El territorio metropolitano: auge y caída del ciclo inmobiliario madrileño
Diez años de bussiness inmobiliario
Durante una década el uso intensivo del territorio ha sido factor clave del crecimiento económico madrileño. Baste decir que durante el periodo 1993-2003, el consumo de suelo comprometido por el planeamiento aumentó un 49 %. Es decir, se ha hipotecado, hipotecando ¡el suelo equivalente a la mitad de lo que ha crecido Madrid desde la última glaciación! De hecho, un buen grupo de municipios de la Comunidad han duplicado sus dimensiones, y algunos se han multiplicado por 4, 6 e incluso 10 veces. La fiesta del desarrollo urbano ha llevado las expectativas de crecimiento a amplios espacios de la región antes considerados periféricos o que incluso habían permanecido completamente al margen de las dinámicas metropolitanas (como las Sierras Norte y Oeste, las Vegas del Sureste y límite sur de la región). Más allá todavía, la explosión urbana de Madrid se trasladado a las provincias vecinas: Segovia, Ávila, Guadalajara y Toledo, además todas ellas ahora a golpe tiro de AVE. Todavía en 2008, al borde de la crisis inmobiliaria, el número de viviendas previstas (¡un millón!) mostraba la confianza en generar dinero, simplemente poniéndose mediante el simple mecanismo de construir más viviendas y estimulando estimular el endeudamiento de la población gente.
Como era de prever, esta explosión urbana ha sido directamente fomentada mediante políticas basadas en el incremento de la oferta de suelo, amparadas invariablemente en el argumento de que la causa del encarecimiento del mismo era su escasez y que la solución a tal problema se encontraba en la liberalización del mercado. Y efectivamente, la Ley del Suelo autonómica aprobada en 2001, heredera de la ley estatal de 1998, y conocida como la «ley del todo urbanizable», llegó a clasificar todo el suelo de la Comunidad como urbanizable a menos que hubiera una ley sectorial (de Aguas, de Montes, etc.) que determinara la necesidad de protegerlo. Por supuesto, sobra decir que esta política de liberalización del suelo como remedio a la carestía de la vivienda, ha sido pura ilusión. A más viviendas y más suelo, más han crecido los precios.
En cualquier caso, la colonización del territorio madrileño no sólo se ha apoyado en una «legislación liberal», también ha tenido que recurrir (¡paradojas de la política liberal!) al desarrollo de grandes infraestructuras de comunicación. Todas ellas sufragadas con dinero público y todas ellas realizadas por las grandes constructoras, al tiempo que sobre y a la vez financiadas con préstamos a las principales entidades financieras. Sin duda todo un progreso, que ha convertido a Madrid en la ciudad europea con mayor número de kilómetros de autovía por millón de habitantes (un total de 1.000 Km. además de otros 200 nuevos kilómetros de nueva construcción). Sin duda, hemos podido incrementar la velocidad de nuestros coches, aunque sea a costa de ir a vivir más lejos debido a que los espacios centrales resultan cada vez más caros.
No pensemos, de todos modos, que este modelo se ha limitado a promover grandes polígonos de vivienda. También se ha procedido a realizar numerosas operaciones de reforma y embellecimiento de la ciudad, a la construcción de edificios emblemáticos y al fomento de las artes, la cultura y el deporte. Así, por ejemplo, las obras que han acompañado la candidatura olímpica de Madrid, o la «revitalización del centro», acompañada de medidas tan imprescindibles para la ciudad como las licencias de apertura de Music Halls (en el nuevo «Broadway madrileño» que es la Gran Vía) o los permisos de 24 horas para algunos grandes comercios.
Algunas de estas operaciones (curiosamente las más ambiciosas) han sido aprovechadas, desde luego, por los principales agentes empresariales de la ciudad: pero ¿cómo renunciar a qué la ciudad a la que tanto benefician estos «campeones globales» no les proporcione también algún aliciente, algún regalo? Nos referimos, obviamente, al llamado «Centro dotacional Cuatro Torres», la feliz ampliación del skyline de Madrid con cuatro grandes rascacielos, a su vez sedes sociales de grandes entidades corporativas, y orgullo de la nueva condición global de la ciudad. Ante esta nueva imagen de postal para Madrid (que ya no necesitará de los «toros y flamencas de las Ventas»), debemos ser pocos los que recordamos deberíamos recordar que este complejo se levantó sobre al antiguo suelo deportivo que albergaba las instalaciones del Real Madrid, mediante una extraña recalificación. Una modificación nimia (de uso de dotacional a terciario lucrativo), que, sin embargo, llevó aparejada la consiguiente revalorización de los terrenos, así como generando sustanciosas plusvalías que permitirían saldar la deuda histórica del club. Pero esto dista de acabar aquí, simultáneamente Simultáneamente, dichas instalaciones se trasladaron a unos terrenos cercanos al aeropuerto, a su vez comprados a precio rústico, que comprendían lo que en un futuro casi inmediato se va a convertir en un desarrollo residencial de lujo (Valdebebas). El beneficiario, como no podía ser de otra manera, no ha sido sólo el Real Madrid, sino especialmente la empresa de su antiguo presidente, ACS: que además de construir algunas ¿dos, tres? ¿? de las nuevas cuatro torres, también construirá el se hará cargo del nuevo barrio de Valdebebas, colindante con la nueva ciudad deportiva.
También se podría mencionar la construcción de la M-30 (realizada por cuatro grandes constructoras, endeudando al municipio para los próximos 30 años), la M-45 (por la que todos los días la Comunidad paga un «peaje en la sombra» a bancos y constructoras), los nuevos desarrollos en el solar del Estadio del Calderón (de orden similar a la Del Real Madrid) o la ambiciosa Operación Chamartín. Esta útlima es resulta tan espectacular que es necesario comentar algo sobre la misma: pensada sobre suelo público, pretende la construcción de al menos 16.000 viviendas, 10 o 12 grandes rascacielos y la prolongación de 2,8 kilómetros del principal eje de la ciudad: el Paseo de la Castellana. Las, generando unas plusvalías que se generarán se prevén en 8000 millones de euros, que por supuesto serán en su mayoría para el sector privado.
La «inteligencia» urbanística de las administraciones se podría así seguirse desgranando, de forma casi ininterrumpida, jalonándola con algunos casos que no por trágicos dejan de ser grotescos. Por sólo tomar algunos ejemplos del nuevo deporte rey de la Comunidad, el golf: la construcción de un mini-campo en uno de los pocos espacios libres dentro del centro de la ciudad (el parque del Canal), el destino de tierras dedicadas a la investigación agrícola a la construcción de otro campo de golf en Alcalá de Henares o la extensión de la fiebre del green a distintos espacios protegidos de la región: ¿o es qué no se trata al fin y al cabo de espacios verdes?
En muchos casos, estas actuaciones, que difícilmente se podrían acoger a un planeamiento serio, se han realizado de forma improvisada y a golpe de silbato. De hecho, el «normal hartazgo» de la presidenta por los «pequeños» escándalos de corrupción que han salpicado la región (y que llevaron a la dimisión del Director General de Urbanismo en 2006) y el anuncio de una molesta crisis, que seguramente detendría la buena marcha del negocio inmobiliario le ha llevado a promulgar la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Una extraña medida, que además de no permitir a los forestales madrileños «espiar» en las fincas de la familia Aguirre (es obvio que los grandes propietarios no son propensos a los delitos ecológicos), impuso la extraña limitación de cuatro alturas para la nueva edificación en toda la Comunidad. El propósito, no afear el entorno con altos edificios (que se sabe que sólo son chulos cuando superan las 30 alturas), fomentando aún más el urbanismo disperso, que en épocas de crisis favorece además a los propietarios, al poder poner en el mercado más suelo con menos viviendas. ¿?
No contenta con esto, la administración Aguirre, ha tratado también de lanzar nuevas medidas que agilicen las tramitaciones y permitan eliminar aquellos pequeños impedimentos que no permitían el «progreso regional». Así, como la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, introdujo la posibilidad de construir «las obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales» incluso en suelo protegido. O incluso el proyecto de una nueva ley de suelo, más liberal aún que la anterior, que no ha podido ser llevada a cabo por una modificación de la ley superior estatal: ¡lástima!
En cualquier caso, no toda la responsabilidad y la preocupación por salvar al sector de la construcción se debe colocar en vienen de la mano de la administración autonómica. El Estado ha puesto también su granito de arena en el mantenimiento de la principal industria española. En efecto, además de haber promovido una nueva ley hipotecaria que fomenta el endeudamiento para la compra de la segunda residencia, el gobierno ha querido favorecer la figura de la vivienda de protección oficial como recurso anticícilico ante la caída generalizada del mercado inmobiliario del precio de la vivienda. De este modo, ha articulado ayudas directas a los promotores que quisieran calificar su stock de viviendas como VPO en régimen de alquiler, y también ha flexibilizado flexibilizando los criterios de relativos a este tipo de vivienda (como las rentas y precios máximos, el periodo en el que es necesario que se considere vivienda nueva) siempre con el propósito de dar salida al enorme excedente de este tipo de «bienes».
Que nadie piense, no obstante, que en todo esto no hay un fin social justificado. Tal y como se señalaba en la exposición de motivos de la nueva ley hipotecaria «la vivienda supone la mayor parte del patrimonio de las familias y por tanto debe ser protegido». Protegido, es decir, aquí quiere decir que se conserve su valor aún a costa de que los que no tienen vivienda o los que simplemente quieran cambiarla, tengan que pagar hipotecas de por vida, con salarios miserables. Tal es la virtud de la financiarización y del «exceso» patrimonial de las familias.
La crisis del urbanismo metropolitano
¿Qué resultados han dejado estos diez años de largo desarrollo ininterrumpido? Acostumbrados a los bosques de grúas, a la rápida construcción de nuevos barrios, a los magníficos corredores de autopistas que atraviesan la comunidad, el paisaje de Madrid parece haberse adaptado a la perfección a ese universo social de pequeños propietarios, en el que el green y el chalet unifamiliar serían sus más acabada realización. ¿? Una concepción peculiar de la calidad de vida, que ofrece a los ciudadanos un modo de vida suburbano, en urbanizaciones «exclusivas» y socialmente homogéneas, alejadas tanto de los viejos cascos consolidados como de los problemas que supuestamente entrañan (entre ellos la tan temida delincuencia).
Un ejemplo de estos nuevos espacios podrían ser efectivamente los nuevos barrios de Madrid, los PAUs. Un conjunto de ambiciosas operaciones en la periferia del municipio, tan vastas y masivas que han acabado por agotar todos los suelos vacantes suelo vacante del municipio, al tiempo que prevían con la construcción prevista de 200.000 nuevas viviendas, ¡alojamiento potencial para más de 500.000 personas! Construidos ya muchos de ellos, estos barrios pueden considerarse paradigmáticos del nuevo modelo urbano. Separados de la ciudad, y al tiempo conectados a la misma por vías rápidas, la imaginación urbanística se ha concentrado aquí en la producción desarrollos unitarios, cuanto más grandes y menos densos mejor, en una suerte de sucesión de manzanas blindadas, en las que la única vida se produce en el espacio interior (es allí donde están las plazas, las piscinas, las zonas deportivas) y en los que no hay ni rastro de verdaderos espacios públicos. Y es a falta de estos, por lo que se propone la construcción de grandes centros comerciales que salpican por doquier las autopistas metropolitanas, catedrales del consumo, en las que además de comprar, se puede comprar, pero nada más.
En esta perfecta huida de la ciudad y de lo urbano, del mestizaje y la imprevisibilidad que implica vivir en una aglomeración de sujetos distintos y heterogéneos, hay sin embargo una pérdida, un resto del que nadie habla. Poco se dice, en efecto, del número de horas de coche que una vida así implica; de la soledad y el aislamiento que se producen en estos lugares. Pocos estudios existen todavía del tipo antropológico que se constituye en esta perfecta sociedad de propietarios, la debilidad, el raquitismo y la pobreza de una ecología social que se limita al trabajo, al ocio dirigido y a la vida privada en el interior de una vivieda tan rígidamente separada de la ciudad.
En cualquier caso, la crisis de este modelo no se ha limitado limita simplemente a las relaciones sociales que los nuevos espacios urbanos pudieran generar. Antes bien, la crisis está adquiriendo los unos perfiles nítidos en torno a de un dinero que se ha gastado y del que en tiempos de contracción económica, será mucho más difícil de recuperar. Si durante estos años, los ayuntamientos y la comunidad podían invertir en infraestructuras, «regalar» dinero a expuertas a constructoras y promotoras, y confiar aún así en que el crecimiento proporcionaría nuevas entradas fiscales, la coyuntura actual es bien otra. Sin movimientos de suelo, y sin obras, los municipios hace ya tiempo que han dejado de ingresar generar ingresos. Y, al igual que como las familias que creyeron invertir al comprar una vivienda por encima de sus posibilidades, lo único que queda ahora es el pasivo, la deuda. Así, por ejemplo, el valor de los intereses de la deuda de un municipio como El Álamo suponen el 86 % en relación con sus presupuestos. Y y la de un municipio como Alcorcón nada menos que el 45 %.
Es seguro que ante la crisis, algunos de estos municipios tratarán de trasladar una parte de sus problemas a los ciudadanos, ya sea a través de la subida de impuestos o de una nueva destrucción del patrimonio público (en forma o bien de suelo o de empresas y servicios) desestimando el objetivo último del mismo: el interés general. Pero que nadie se apure, todo apunta a que lejos de cuestionar la ausencia de herramientas para una gestión democrática del territorio, tal y como nos han revelado las numerosas barbaridades urbanísticas, esta ausencia va a ser premiada con más financiación en forma de transferencia estatal (el Fondo de Inversión Local). ¿La trampa? Esta medida no está pensada para pagar las deudas que acumulan muchos ayuntamientos, sino para emprender nuevas obras que se hayan quedado en suspenso por la crisis. ¡Viva la insistencia!, la cuestión clave de nuevo es mantener el ciclo.
Desde luego, de todos los municipios altamente endeudados, es Madrid el que merece, debido a su importancia, más atención. Gracias a las grandes obras, que el apodado faraón-alcalde ordenó en los últimos años, y especialmente a la nueva red de túneles que supuso la construcción remodelación de la nueva M-30, la deuda de Madrid ha ascendido a principios de 2009 a 5.936 millones de euros. En conjunto tocando por habitante tocábamos a 1.928 euros, un 44 % más que hace cuatro años. ¡Las , mientras que entidades bancarias ingresan cada día 750.000 euros en concepto de intereses!
Parquímetros, impuestos de recogida de basuras y sobre todo «mucha, mucha austeridad» parecen haber sido el programa de salida del agujero. Pero la austeridad, sólo se aplica, tal y como corresponde a todo buen gestor, a aquellas inversiones poco rentables, como los servicios sociales, los equipamientos de barrio o los presupuestos de las bibliotecas, además de pensar en la venta de alguna que otra empresa o servicio municipal. De hecho, las privatizaciones en Madrid capital han sido tan importantes en estos años que se han «vendido» 15 equipamientos (fundamentalmente deportivos) y alrededor de 359.175 m2 de suelo (entre 2000 y 2007), al tiempo que se cedían 50 parcelas públicas para colegios concertados. De todas formas, los proyectos emblemáticos, como los de la Candidatura Olímpica o Madrid Río (la M-30), apenas se han visto alterados, y de hecho se han visto beneficiados por las ayudas estatales.
En conjunto, el urbanismo madrileño y su actual gigantismo han sido el reflejo de un motor financiero e inmobiliario que parecía no tener final. La crisis actual parece sin embargo mostrar, sobre todo, los límites de semejante ilusión.
La ciudad sostenible
Al tiempo que Madrid se convertía en un monstruo, en enorme pulpo urbano con muchos más que ocho brazos, la proliferación del discurso de la sostenibilidad encontraba su eco institucional, incluso cuando se trataban de las mayores barrabasadas. Es cierto, no obstante, que Madrid «marca verde» no ha engañado, ni siquiera a los más dispuestos. Durante la década gloriosa del crecimiento ininterrumpido los atentados ecológicos se han sumado sin pausa.
En términos estrictamente territoriales, el avance urbano y la construcción de infraestructuras han ido dibujando una geografía natural cada vez más fragmentada, un conjunto de islas que conservan la «etiqueta de «naturaleza» pero, más en calidad de parques urbanos antes que de espacios naturales. Ejemplos hay en abundancia: demasiados. Proyectos proyectos inmersos en la más absoluta ilegalidad, incluso con sentencias judiciales adversas, como es el caso del desdoblamiento de la M-501, que ha abierto definitivamente la Sierra Oeste a la urbanización, con crecimientos previstos de hasta el 1.000 % en algunos de municipios. O si se quiere la futura radial de la A-6, la M-62, todavía en fase previa, pero que necesariamente atravesará y partirá en dos algunos de los parques naturales del pie de monte serrano. O las autovías que van componiendo, en el extremo del área metropolitana, una suerte de M-60 encubierta. O las obras del AVE a Valladolid. O el enterramiento bajo el Pardo de la M-50. O las 100.000 viviendas previstas en la Sierra. O...
Siempre sin pausa, porque incluso en tiempos de crisis el ritmo de construcción no se debe interrumpir. Antes al contrario, todos los «prejuicios ecologistas» deben desaparecer. En palabras de la presidenta: «la población es más importante que el planeta». Y por ello, los estudios de impacto ambiental y los pruritos acerca de la contaminación, tendrán que tener un lugar secundario. Con un claro sesgo «anti-cíclico» se ha querido acelerar las obras, preparando el terreno para una nueva ola de desarrollo de inmobiliario. De esta forma, aunque los presupuestos de educación, sanidad y los servicios públicos, en general, se resientan, se ha previsto para 2009 un nuevo crecimiento de la inversión en infraestructuras, especialmente de autopistas (un 16 % más que en 2008) y de AVE (un 21,5 % más que en 2008).
La actitud institucional hacia el medio ambiente como un problema, que o bien hay que deshechar, o, mejor aún, convertir en un activo más de los negocios, se ha manifestado de la forma más aguda en la política de desprotección del principal pulmón de la metrópolis: la Sierra de Guadarrama, garantía además de la calidad de su aire y de sus aguas. La conquista, largamente esperada, de su declaración como parque nacional ha sido, de hecho, una victoria envenenada. Los sucesivos planes de ordenación de recursos de estos dos últimos años, lejos de proteger la Sierra, parecen querer convertirla en un gran parque metropolitano, un decorado con vistas a las urbanizaciones de los unifamiliares que se desperdigan por sus faldas. Basten algunos elementos del último de los planes aprobados: se reducía reducción de la superficie protegida (especialmente la de máxima protección), introducción de un se permitía el urbanismo «regulado» en zonas hasta ahora protegidas por otras leyes, se autorizaban autorización de actividades difícilmente compatibles con una política seria de conservación (pesca, caza, tala) y sobre todo se acompañaba todo ello acompañado de una estrategia de marketing que vendía la Sierra como «atracción verde» para aquellas familias con posibles que, con posibles, quisieran instalarse cerca del «campo».
La misma actitud de desprecio por la conservación del único patrimonio natural del que puede disponer un espacio sobresaturado de infraestructuras y servicios, se ha hecho también patente en las políticas de privatización y externalización de los dispositivos de prevención y conservación, como por ejemplo el cuerpo de bomberos forestales, los retenes de verano y la previsible privatización del IFOMA (¡qué luego no sorprendan los «accidentes» en incendios descontrolados!). Amén de la reducción de competencias de los guardias forestales.
Pero ¿es acaso este modelo infinítamente reproducible? ¿Cómo se mantendrá una ciudad que quiere y se plantea, a cada poco, su reproducción ampliada? Hay costes que son ya tan evidentes, que no se pueden negar. Madrid es una de las ciudades con mayor índice de contaminación atmosférica de la Unión Europea, derivada tanto de la fuerte intensidad de su tráfico como de sus calefacciones. De hecho, todos los veranos y todos los inviernos, saltan las alarmas de las estaciones de medición, esto es, cuando se alcanzan niveles más allá de lo permisible para el buen estado de salud. Invariablemente el protocolo del ayuntamiento es primero callar, luego negar y más tarde «des-recomendar hacer deporte al aire libre». La, aunque UE y la OMS exigen exijan en estos casos la inmediata interrupción del tráfico. Ozono, nitratos de azufre, óxidos de nitrato y micropartículas de ceniza, son todos ellos potentes agentes cancerígenos, causantes de centenares de miles de cuadros alérgicos, de extraños asmas infantiles y, ya de forma cada vez más reconocida, de centenares de muertes prematuras.
En lo que al abastecimiento de agua se refiere, el límite parece ya largamente sobrepasado. El llamado déficit hídrico es noticia cada verano. Y cada verano se dan las más peregrinas soluciones: explotar los acuíferos e «inyectarles» agua en épocas de abundancia, bombardear las nubes con nitrato de plata para que «llueva a gusto», construir nuevos embales tanto en Madrid como en la vecina Guadalajara... Obviamente nadie habla de los 33 campos de golf de la Comunidad que consumen tanta agua como medio millón de habitantes o de los nuevos desarrollos urbanísticos dispersos en los que sólo en el mantenimiento de la presión de la red se ocupa gasta tanta agua como en todo el municipio de Madrid. No esto no debe ser tocado. Es mejor pensar en la privatización del Canal de Isabel II, aunque esta empresa pública sea completamente rentable, y en abordar la extensión del sistema de abastecimiento para dar cobertura a la demanda generada por los nuevos municipios y sus respectivos desarrollos, que sólo en 2009 supondrán una inversión de 135 millones de euros.
Del mismo modo, poco se piensa sobre la situación energética de la Comunidad. En un territorio caracterizado por una enorme dependencia (que ronda casi el 100 %) y por un consumo en continuo crecimiento (un 91 % en los últimos 13 años), en donde casi el 70% se deriva del petróleo, frente al 2 % de las energías renovables y mientras que algo más de la mitad del consumo energético (el 52 %) es producido por el se debe al sector del transporte, la política territorial sigue girando en torno a la construcción de nuevas infraestructuras viarias y favoreciendo la urbanización dispersa que siempre genera una mayor necesidad de movimiento. Eso sí, se sigue promoviendo el discurso de lo sostenible haciéndonos a todos responsables del «despilfarro y el derroche», fomentando la buena ética cívica ciudadana con consejos para el ahorro energético y el bajo consumo.
No importa aquí tampoco nada, que en el sureste de la Comunidad, donde ya están las graveras, las grandes depuradoras y la incineradora, se planifiquen hasta 7 siete centrales térmicas para hacer frente a la demanda energética creciente. De hecho, en todo este capítulo se debería reconocer, también, que al lado de todas las geografías de la desigualdad que se han ido mencionando en este texto, hay otra más, la geografía ecológica. Una geografía en la que el Norte y el Oeste, las grandes concentraciones suburbanas, disfrutan todavía de un paisaje verde y un aire aparentemente sano (si bien ambos cada vez más degradados). Y una geografía en la que el Sur y el Este se tendrán que conformar con los paisajes industriales tan familiares en su historia así como a los nuevos no-recursos de las infraestructuras de deshecho del metabolismo urbano.
